El gobierno del ex comandante Ollanta Humala, que ganó las elecciones con el apoyo de la izquierda, se enfrenta a las protestas de los campesinos andinos que votaron masivamente por él. Las protestas han estallado con más fuerza en la norteña región de Cajamarca, en rechazo a un millonario proyecto minero que afectará el medio ambiente y las tierras campesinas, pero también se han dado, por la misma razón, en otras zonas del país. El gobierno ha respondido declarando el estado de emergencia –que elimina derechos como la libertad de reunión, de tránsito y no ser detenido sin orden judicial y permite la intervención de las fuerzas armadas para reprimir las protestas– en cuatro provincias de la región Cajamarca. La derecha y el establishment económico han aplaudido la medida. Los sindicatos y organizaciones sociales que apoyaron la candidatura de Humala la han cuestionado duramente y le han dado su respaldo a las protestas campesinas.
La respuesta del gobierno frente al levantamiento campesino ha ido cambiando de un lado a otro con el pasar de los días. Su primera reacción fue respaldar a la minera cuestionada, la empresa Yanacocha, que tiene como principal accionista a la transnacional norteamericana Newmont. Humala aseguró que el proyecto minero Conga de Yanacocha –que gatilló el levantamiento campesino– seguiría adelante a pesar de la huelga que había paralizado Cajamarca, lo que encendió más las protestas. Días después dio un giro y ordenó la suspensión temporal del criticado proyecto minero para revisar sus consecuencias ambientales. Pero a los pocos días volvió a cambiar: se decretó el estado de emergencia, se ordenó la detención de los dirigentes de la protesta y aunque se mantiene, por ahora, la suspensión temporal del proyecto Conga, miembros del gobierno salieron a defenderlo públicamente.
La suspensión temporal del proyecto Conga permitió abrir un diálogo entre el gobierno y los campesinos, que no se conforman con el anuncio verbal de esta suspensión y exigen una norma legal que anule definitivamente el proyecto minero. El último domingo, cuando la huelga campesina llevaba once días, se reunieron representantes del gobierno y de los campesinos. No hubo acuerdo y esa misma noche el gobierno decretó el estado de emergencia en la zona del conflicto. El lunes el gobierno reforzó la apuesta represiva. Ese día fue detenido Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Fue apresado en Lima, sin que exista orden judicial, junto con otros cinco dirigentes de la protesta cuando salían del Congreso, luego de reunirse con un grupo de parlamentarios de la Comisión de Pueblos Indígenas en busca de una solución a sus demandas. Todos fueron llevados a la policía antiterrorista. No había cargos en su contra y diez horas después fueron liberados. El gobierno regional de Cajamarca ha respaldado la protesta campesina y el miércoles el gobierno central le cortó las cuentas al gobierno regional.
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